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¿Qué es un Compliance Officer?

 

Figura habitual en el mundo anglosajón, el perfil del compliance officer está apareciendo cada vez con más frecuencia en nuestras empresas pues con la implantación en el Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el adecuado cumplimiento normativo aparece como algo esencial en el ámbito empresarial.

Ha de tenerse en cuenta que según el Código Penal la adopción probada, por parte de la empresa, de medidas de prevención y control –establecidas por el propio texto normativo– puede exonerar o reducir dicha responsabilidad penal, por ello, la figura del compliance officer aparece como indispensable.

Por otra parte, a raíz de las dudas en los controles y regulaciones que la crisis ha evidenciado, la transparencia y la ética en los negocios son valores al alza en el ámbito empresarial, adquiriendo a menudo carácter estratégico. También es un aspecto en el que la labor de un compliance officer adquiere carta de naturaleza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo ello, MARTIN ORTEGA Abogados ha incorporado a su oferta de servicios jurídicos la de asesor interno de sociedades mercantiles respecto de las posibilidades de comisión de delitos en el marco de su actividad y/o responsabilidad de sus trabajadores cuyos actos le repercuten de manera directa, de modo que en ejercicio de funciones básicas de de prevención en la empresa, asesoramos en el objetivo de analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas y entidades y dotar a sus integrantes tanto de capacidades para el diseño y elaboración de los programas de prevención de responsabilidades, como de su aplicación, control y seguimiento.

 

Los elementos que componen un modelo de compliance son:

  • materialidad,

  • involucración de la alta dirección,

  • políticas, protocolos y procedimientos,

  • códigos éticos,

  • canal de denuncias,

  • formación a empleados, gestión de riesgos en compliance,

  • controles y monitorización del cumplimiento del cuadro de mando legal,

  • gestión de cambios en compliance,

  • mejora continua, etc.

 

No juegue con su futuro, ni con él de su empresa.

La atenuante de implementar un plan de “compliance” cuando ya se ha cometido el ilícito penal.

Sin embargo no debemos olvidar que la ley no sólo valora positivamente a aquellos empresarios que han adoptado las medidas legalmente previstas para la prevención del delito con anterioridad a su comisión, sino que también ofrece la posibilidad de atenuación de la responsabilidad penal tras haberse producido el delito, cuando la persona jurídica evidencia su voluntad de evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a producirse en su seno y lo hace presentando un PPD eficaz y completo con anterioridad a la celebración del Juicio Oral.

Casos como los que hemos visto en la prensa que se han producido estos últimos días en empresas odontológicas, o la propia operación realizada en determinadas compañías del sector carnico, al parecer estos por hechos de índole administrativa en relación con pagos debidos a Hacienda, pero que de haber superado los ciento veinte mil euros en un ejercicio pudiera haberse convertido en un delito tributario del artículo 310 bis del Código Penal, se plantea la eficacia concreta de la aplicación de esta atenuante consistente en desarrollar un PPD con anterioridad a la celebración del Juicio Oral, para aquellas empresas que en el momento de cometerse un delito no contasen con este tipo de herramientas de prevención delictiva, de tal manera que:

 

  • La multa prevista, el doble de lo defraudado o indebidamente obtenido, tras la aplicación de esta atenuante supondría que la multa se aproximase más al tanto que al doble de lo defraudado, o de apreciarse como muy cualificada, o de concurrir con otras, podría incluso aminorarse el importe de la multa en uno o dos grados, es decir reducirse incluso por debajo de su mitad.

  • Del mismo modo se reducirían en su extensión temporal las penas adicionales de prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, que se contempla en la misma disposición para un periodo de entre tres y seis años. Y el mismo beneficio se aplicaría si se impusiera alguna de las penas que en el último párrafo de dicha disposición se reseñan.

De otra parte y si se tratase de un delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 302.2 a) del Código Penal, en que la pena de días multa prevista es de dos a cinco años, calculando el importe de la multa por el periodo mínimo de dos años, su cuantía puede ascender desde 21.600 euros a 3.600.000. euros, por lo que de apreciarse la implementación del PPD como atenuante muy cualificada, o concurrir con otra atenuante de las previstas para la persona jurídica, la multa podría reducirse hasta en dos grados, llegando por tanto incluso a poder ser su extensión inferior a la mitad del mínimo de dos años previsto en dicho artículo, pues la cuantía del día multa no variaría, al ser el criterio determinante de su importe la situación económica y patrimonial de la empresa concreta.

Por tanto no se debe descartar la realización del PPD por la empresa también después de la comisión del delito, pues además de acreditar una voluntad de continuidad de la compañía por cuanto busca la mejora en la prevención del delito en su organización, puede suponerle una importante reducción de las penas en caso de ser condenada.

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