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“Arresto, proporcionalidad y motivación”

 

 

¿Qué significado tiene el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones previstas en el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y en el de la Guardia Civil? ¿Es aplicable al arresto en las faltas leves?

 

La proporcionalidad y su consecuencia, la individualización al caso concreto, es aplicable a todo tipo de faltas, leves, graves y muy graves, que prevén distintas sanciones según la gravedad y entidad de las mismas (artículo 11 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en adelante “Ley”, y también en la correlativa del mismo régimen aplicable a la Guardia Civil, Ley Orgánica 12/2007).

 

La Ley en el apartado 1º del artículo 22 establece los criterios de graduación de las sanciones, del modo siguiente: “La imposición de las sanciones disciplinarias se individualizará conforme al principio de proporcionalidad, guardando la debida adecuación con la entidad y circunstancias de la infracción, las que correspondan a los responsables, la forma y grado de culpabilidad del infractor y los factores que afecten o puedan afectar a la disciplina y al interés del servicio, así como la reiteración de la conducta sancionable, siempre que no se hayan tenido en cuenta por la ley al describir la infracción disciplinaria, ni sean de tal manera inherentes a la falta que sin la concurrencia de ellos no podría cometerse”.

 

Pero ¿de qué estamos hablando?

 

La Sala de lo militar del Tribunal Supremo, en muchas sentencias relativas al consumo con habitualidad de drogas tóxicas o estupefacientes, sancionadas algunas de ellas con la más grave de las sanciones, la separación del servicio, ha elaborado un cuerpo doctrinal que podemos sintetizar del modo siguiente:

 

La proporcionalidad significa que debe existir una correspondencia entre los hechos que definen la conducta del presunto autor de la falta y las sanciones legalmente establecidas para la misma, una armonía o adecuación objetiva, en suma, entre la infracción y la sanción.


En otras palabras, no matar moscas a cañonazos. No se puede, sistemáticamente, imponer siempre las sanciones más graves. 
Recordemos que para las faltas leves, además del arresto de 1 a 14 días, pueden imponerse la reprensión, la privación de salida de 1 a 8 días y la sanción económica de 1 a 7 días.

 

El legislador, establece dos cosas fundamentales: cuales son las sanciones que pueden imponerse a los distintos tipos de infracciones según la gravedad de las mismas (artículo 11 de la Ley), y unos criterios complementarios para mensurar y establecer el porqué de una determinada sanción y no otra (artículo 22 de la Ley).

 

Estos criterios constituyen lo que la Jurisprudencia y los juristas han llamado “individualización de la sanción”, que no es más que la “singularización” del caso con la especificación de las circunstancias que concurran, ajustando la sanción ya valorada -según criterio de proporcionalidad- al caso particularizado.

 

Esto significa que incumbe a la Administración sancionadora (o lo que es lo mismo, a todos los mandos con potestad disciplinaria según la Ley) el deber de llevar de individualizar la respuesta disciplinaria, según la falta de que se trate (antijuridicidad del hecho), de las circunstancias del autor de la infracción y del interés del servicio. Debe tomar en consideración el conjunto de factores objetivos y subjetivos concurrentes en el caso, que lleven a compensar la ilicitud disciplinaria de la conducta, con la sanción disciplinaria más justa y acorde a la misma, cuando la sanción sea graduable.

 

 

El mando que resuelve, debe elegir la sanción que considere más adecuada de entre las previstas.

No se cumple con la elección de una cualquiera cuya imposición es posible en términos abstractos, sino con la que más se ajusta al caso según las reglas para compensar la gravedad del hecho (la antijuridicidad material), luego las circunstancias del autor, esto es su culpabilidad, y finalmente la repercusión de la falta sobre el interés del servicio, según dispone al respecto en el artículo 22, apartado 1 de la Ley.

Ante ciertos argumentos contenidos en las resoluciones sancionadoras recurridas, la Sala mantuvo firmemente que no podían tomarse en consideración a estos efectos, criterios de carácter tan general como el estimar que el consumo de drogas, en sí mismo, era significativo de la “inadecuación mental del afectado a los sacrificios de la vida militar”, o/y que los supuestos de reiteración determinaban, en todo caso, “la ineptitud del responsable para continuar en la misma”, porque, sin despreciar dichas consideraciones, dice la Sala, “lo cierto es que por su generalidad contradicen lo expresado por el Legislador, que ha establecido para estos comportamientos un elenco diferente de sanciones. Y es que dicha decisión legislativa no puede ser modificada, por vía de interpretación aplicativa, reconvirtiendo la pluralidad sancionadora en la aplicación generalizada de la sanción más grave, dejando las demás totalmente vacías de contenido“.

Es decir, nada de consideraciones o justificaciones generalistas como las anteriores, dejando sin contenido el elenco de sanciones previsto para esa falta muy grave.

 

La reciente sentencia de 24.10.2016, refiriéndose al deber de motivación, dice que son insuficientes las argumentaciones genéricas y abstractas, que no pasan de ser meras fórmulas de estilo polivalentes o estandarizadas, que no se ajustan a la casuística de cada caso, y por consiguiente no válidas para tener cumplido el juicio de proporcionalidad individualizada.

 

Además, y esto es muy importante, por lo que luego diremos del arresto, exige, en los casos en que la sanción impuesta es, como en este, la más grave e irreversible de las previstas, un esfuerzo argumentativo a modo de “motivación reforzada” (por todas Sentencia de 6 de Julio de 2010).

Frente a esta abundante jurisprudencia de la Sala en relación a la mencionada falta muy grave del consumo de drogas tóxicas o estupefacientes con habitualidad (como decía la Ley 8/1998) o con “reiteración” como dice la vigente, nada tenemos respecto del alcance de la obligación de motivar la imposición del arresto en faltas leves, impuesta por la Ley.

Así, el artículo 22 de la Ley, que desarrolla el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones, en su apartado 3, dispone:

“La sanción de arresto prevista en la presente ley para las faltas leves sólo podrá imponerse cuando se haya visto afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. La resolución sancionadora deberá ser motivada”.

Ha ocurrido que el legislador, además del bien jurídico de la disciplina, ha incluido en éste artículo otros como la “jerarquía”, “la subordinación”, o la “eficacia en el servicio”, englobados bajo la fórmula del incumplimiento de las “reglas esenciales que definen el comportamiento” de los militares.

Quiero decir, que la pretendida limitación para la imposición de la sanción de arresto es inexistente, pues cualquier hecho para ser sancionable como falta leve, debe vulnerar – de forma leve- aquellos bienes jurídicos y valores que la propia norma protege (Disciplina, jerarquía, subordinación, eficacia en el servicio, etc.). Todas las faltas leves inciden negativamente en alguno de ellos.

La otra limitación es que la resolución sancionadora en la que se imponga el arresto, sea “motivada”. Es una redundancia, pues por mandato imperativo de la propia Constitución, todas las resoluciones sancionadoras han de ser “motivadas”, cuyo único sentido hay que encontrarlo en la permanente necesidad del legislador de limitar al máximo la posible sanción de arresto en las faltas leves, como si tuviera una especie de “mala conciencia” al haberlo previsto en la Ley.

Si damos un paso más, creemos con Alfredo Fernández Benito que “la reduplicación expresa de ese mandato constitucional, la entendemos en el sentido de que cuando se imponga un arresto por falta leve debe dejarse constancia expresa de en qué medida el hecho castigado afecta a la disciplina o a las reglas esenciales del comportamiento exigible a un militar”.

Yo añado que, además, esta reiteración implica la necesidad, como ocurre con la sanción de separación del servicio, como hemos visto, en los casos de consumo habitual de drogas tóxicas y estupefacientes, que la motivación deberá ser “reforzada” en el sentido señalado por la Jurisprudencia.

Existe una estrecha relación entre el principio de proporcionalidad y el deber de motivar. Cuanto venimos afirmando implica no sólo motivar la procedencia de la sanción de arresto por falta leve con la acreditación y explicitación de todos los elementos del tipo sancionador, sino también una motivación específica que permita justificar porqué se impone esa concreta sanción y no otra menos gravosa, también incluida dentro del abanico legal de posibles sanciones (artículo 11 de la Ley); o porqué incluso esa sanción de arresto no se impone en menor extensión, dentro del número de días que dispone cada mando para mensurar la misma.

La imposición del arresto, no depende de la absoluta discrecionalidad de la Administración, sino que la Ley disciplinaria establece unos presupuestos objetivos y subjetivos, así como unos criterios de aplicación y mensuración que condicionan normativamente a la Administración, como son los previstos en citado artículo 22.1 de la Ley, en concreción del principio de proporcionalidad y de los criterios de graduación de la sanción a aplicar en el curso de un procedimiento sancionador que deberá acomodarse a las exigencias del artículo 46 de la Ley.

 

Desde el Despacho de Abogados de MARTÍN ORTEGA le agradecemos su atención y nos ponemos a su disposición.

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