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Segunda sentencia que reconoce una indemnización a favor de un comprador por el fraude de las emisiones.

04/01/2017

 

 

 

 

La sentencia del Juzgado de Instrucción nº 22 de Palma de Mallorca, de 9 de diciembre de 2016, es la segunda que estima parcialmente las pretensiones de un consumidor afectado por el caso 'dieselgate', y condena a los demandados (SEAT, del grupo Volkswagen, y la empresa comercializadora)  por daños morales.

 

 

Valoración económica del daño moral.

 

La demanda es estimada en cuanto al derecho de la compradora a ser resarcida por los perjuicios que le haya ocasionado el incumplimiento contractual: se le entregó un vehículo cuyas características no se ajustaban a lo publicitado ni declarado por el vendedor y el fabricante (artículo 1101 del Código Civil).

 

 

¿ Qué ofrece  Volkswagen?

 

El juez toma en cuenta un informe pericial, basado en las comprobaciones de la policía judicial en el curso del procedimiento penal abierto, que valora por su imparcialidad, y que dice que no se ha detectado que la eliminación del software suponga perjuicio alguno en el funcionamiento posterior del automóvil. Este es un punto controvertido pues la sentencia admite que "los agentes reflejan ciertas diferencias" que entran "dentro del margen de error" de las mediciones.

Hace hincapié la sentencia sin embargo, en que dicha maniobra se ofrece de manera gratuíta, está comprobada su inocuidad para el vehículo y tan solo conlleva la molestia de acudir al taller y esperar 20 minutos.

 

 

 

Existencia  de fraude y delito contra el medio ambiente

 

El juez advierte en su sentencia que queda excluida la responsabilidad administrativa o incluso penal derivada del "ardid", al igual que las posibles infracciones de la Ley de Competencia Desleal, que no ha sido alegada por ninguna de las partes.

 

Sin embargo, debemos recordar que en el mes de junio de 2016, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la presunta manipulación de determinados motores diésel en vehículos Volkswagen, acordó mediante auto (Auto de 30 de junio del Juzgado Central de Instrucción N°. 2, Proc. 91/2015) dirigir el procedimiento contra la matriz de la firma automovilística -Volkswagen AG- en calidad de investigada, por su presunta participación en el delito de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas, así como delitos de fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente.

 

¿Qué dijo la primera Sentencia?

 

Recordemos en este momento lo dispuesto por la Sentencia 291/2016, de 25 octubre, del Juzgado P. I. número 12 Valladolid, en base a las siguientes consideraciones:

 

  • Que la omisión de esta información es un engaño que conculca el principio de buena fe contractual y provoca la pérdida de confianza en el consumidor, que son " bienes jurídicos de difícil cuantificación, dada su naturaleza intangible", y que finalmente el juzgador mide en relación al precio de adquisición, condenando al fabricante y al concesionario solidariamente a pagar al propietario 5.006,5 euros, un diez por ciento de esa cantidad.

  • Reprocha duramente la actitud del fabricante, que ha puesto en peligro la salud pública y provocado un grave impacto ecológico, pese a la imagen corporativa ofrecida por la marca en materia de protección del medio ambiente.

  • A criterio del juez, las consecuencias jurídicas derivadas de este fraude empresarial tienen que vincularse al principio de buena fe y de integración del contrato desarrollado en la normativa de protección del consumidor y usuario. Esa conducta infringe, a su juicio los deberes de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones que le son propias como vendedora del producto, y afecta a la confianza del consumidor en varios sentidos. Asi el artículo 65 TRLGDCU establece que los contratos de los consumidores se integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión e información precontractual relevante.

  • Entiende que se ha incurrido en un incumplimiento parcial de la prestación debida, en los términos que establecen los artículos 7.1 y 1101 CC, y 61.2 y 65 TRLGDCU, y consecuentemente condenado a las demandadas al pago conjunto, directo y solidario de la cantidad de 5.006,5 euros en favor de la parte actora, valorando el perjuicio causado en un diez por ciento del precio de adquisición del vehículo.

 

 

Desde MARTÍN ORTEGA ABOGADOS, te invitamos a consultar con nosotros cualquier inquietud que pudiera surgirte y en caso de que hayas sido víctima de este fraude, ¡Te animamos a que reclames lo que te corresponde por haber sido engañado!

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