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El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la tasa de los recursos de apelación civiles.

02/03/2017

Desde el 2.012 viene siendo obligatorio el pago de una tasa de 800 euros en caso de presentación de recurso de apelación en el orden civil , al respecto de tal traba impuesta por el Estado, se ha posicionado la Sentecia 227/2.016, publicada en el BOE el 27 de Enero de 2.017.

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

 

 

¿Por qué vulnera la tasa  el derecho a la tutela efectiva del artículo 24 de la Constitución Española?

 

 

En primer lugar, declaró: «partiendo del dato evidente de que la Ley actual ha tenido como referente inmediato la regulación de la tasa judicial que ha regido durante diez años con la reintroducción de ésta por mor del art. 35 de la Ley 53/2002, no parece haber tomado en cuenta el legislador el cambio que ha supuesto exigir su pago a la generalidad de las personas físicas y jurídicas, viniendo a fijar unas cuantías muy superiores a las que se habían aplicado a las empresas gravadas con la tasa de aquel artículo 35... La justificación dada por la memoria del análisis normativo del proyecto de Ley, para la cuantificación de estas tasas, no puede reputarse suficiente. De un lado, se limita a pone de manifiesto (página 17) la legitimidad de establecerlas por encima de las que cabe exigir para la primera instancia, al afectarse, añade, el derecho de acceso al recurso y no a la jurisdicción, lo que sin embargo ya hemos aclarado antes, no es el problema a resolver. De otro lado, se defiende en la memoria (pág. 32) que lo que pueda ingresarse por este concepto no permitirá cubrir el coste de la segunda instancia, limitándose a dar datos globales de las partidas previstas para retribuciones y gastos en bienes y servicios. Sin embargo, esas cifras no se acompañan siquiera de un estudio económico que permita comprender el porqué de la cuantía de la tasa asignada a cada uno de los distintos recursos» (STC 140/2016, FJ 12)

 

b)

 

Resulta igualmente trasladable la constatación que allí se hizo de que «la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales del art. 7.1 de la Ley 10/2012, no atiende a la realidad económica de una mayoría de sus destinatarios, para los cuales resulta excesiva». La STC 140/2016, FJ 12, justificó esta constatación a través de «datos obtenidos de estadísticas oficiales, método de valoración empleado por este Tribunal en supuestos de vulneración de derechos fundamentales». Tal justificación quedó limitada entonces a lo atinente a las personas jurídicas. Corresponde ahora desarrollarla con relación a las personas físicas, también mediante datos obtenidos de estadísticas oficiales.

 

A este respecto, cabe considerar, en primer lugar, dentro de las personas físicas, a los

trabajadores por cuenta ajena en España. La mayor parte de este sector de la población activa (hombres y mujeres) se concentra, sin cambios cuanto menos en el periodo 2004 a 2013, en los tres eslabones más bajos de retribución en función del salario mínimo interprofesional, el cual quedó fijado en el año 2013 en 645,30 euros mensuales (art. 1 del Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre), el de 2014 en 645,30 euros mensuales (art. 1 del Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre), el de 2015 en 648,60 euros mensuales (art. 1 del Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre) y el de 2016 en 655,20 euros mensuales (art. 1 del Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre). De esos eslabones, que el Instituto Nacional de Estadística estratifica en nueve en total, cada uno correspondiente a la renta de un salario mínimo interprofesional (el último es el de «más de 8 veces el salario mínimo interprofesional»), únicamente el más bajo, el que se sitúa en la franja de 0 a un salario mínimo interprofesional y que representa al 13,28 por 100 del total de los trabajadores en 2013, tiene asegurado el beneficio de justicia gratuita. Losdemás no están libres del pago de la tasa y dependerían de circunstancias particulares (existencia de una unidad familiar y composición de ésta; o gastos personales y familiares

susceptibles de ser ponderados

 

 

Si se suman los trabajadores que se integran en las franjas inmediatas que no tienen garantizada, como decimos, la justicia gratuita, esto es, los que ganan de uno a dos veces el salario mínimo interprofesional (los cuales representan el 32,96 por 100 del total de trabajadores en 2013); los de dos a tres veces el salario mínimo interprofesional (el 26,08 por 100 del total en 2013); y los de tres a cuatro veces el salario mínimo interprofesional (el 13 por 100 del total en 2013), cada uno con su propio grado de vulnerabilidad económica, juntos reúnen el 72,04 por 100 del total de los trabajadores por cuenta ajena del país [fuente: INE, «Encuesta anual de estructura salarial. Serie 2004-2007 y Serie 2008-2013. Distribución Salarial. Porcentaje de trabajadores en función de su ganancia con respecto al SMI»].

 

Por lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de los considerados «autónomos propiamente dicho», el 8,7 por 100 de quienes cotizaron a la Seguridad Social en el último trimestre de 2012, lo hicieron por la base mínima de cotización: 850,20 euros mensuales (base fijada por art. 15.2 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero), alcanzando apenas el 6,5 por 100, la cifra de quienes cotizaron por encima del doble de aquella base mínima. Unos porcentajes que se mantienen muy similares al último trimestre de 2013 (85,7 por 100 y 6,4 por 100 respectivamente; base mínima de cotización para 2013 de 858,60 € mensuales, art. 15.2 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero); último trimestre de 2014 (86,3 por 100 y 6 por 100, respectivamente; base mínima de cotización para 2014 de 875,70 € mensuales, art. 15.2 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero), y tercer trimestre de 2015 (86,3 por 100 y 5,6 por 100 respectivamente; base mínima de cotización para 2015 de 884,40 € mensuales, art. 15.2 de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero) [fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo, Dirección General del trabajo autónomo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: «Resumen de resultados»].

 

 

 

A la vista de estos datos, resulta que la determinación de una cuantía fija de 800 € para apelar una resolución judicial cuyo pago supone, para la persona (física) obligada, un esfuerzo económico equivalente a un porcentaje significativo de su renta mensual, incluso, según el caso, superior a ésta, revela una desproporción con el nivel adquisitivo de una parte importante de los ciudadanos, más aún en la actual coyuntura económica

general.

 

A la vista de los razonamientos de la STC 140/2016, FJ 12, corresponde concluir respecto del inciso indicado del art. 7.1 de la Ley 10/2012, en su aplicación a las personas físicas, que «no se aprecia razón y justificación alguna que acredite que se haya tenido en cuenta que las cuantías establecidas por el art. 7 de la Ley 10/2012, para la interposición de recursos, se adecuen a una capacidad económica que no exceda de la que pueda poseer» una persona física, en este caso; «razón por la que esas tasas resultan contrarias al art. 24.1 CE» (STC 140/2016, FJ 12).

 

En consecuencia, debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «en el

orden jurisdiccional civil... apelación: 800 €» del art. 7.1 de la Ley 10/2012 también en lo

que atañe a las personas físicas.

 

 

 

EFECTOS

 

 

Corresponde ahora concretar el alcance de las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad formuladas.

 

a)

 

El inciso «en el orden jurisdiccional civil... apelación: 800 €» del art. 7.1 de la Ley 10/2012 queda expulsado por esta Sentencia, resultando, pues, desprovisto de efectos también en su aplicación a las personas físicas. Ello implica, por de pronto, que el órgano judicial que ha promovido la cuestión de inconstitucionalidad no podrá ya exigir el abono

de aquellos 800 €.

 

A su vez, esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad tiene eficacia en cualesquiera otros procesos del orden jurisdiccional civil en que pudiera llegar a reconocerse la «ultraactividad» del anterior régimen de gravamen a las personas físicas.

Ahora bien, corresponde trasladar aquí la siguiente precisión de la STC 140/2016, FJ 15

 

b): «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo».

 

Esta determinación de efectos responde a las siguientes razones: «Sin prescindir del

perjuicio que tal devolución reportaría a la hacienda pública, resulta relevante tener en

cuenta a estos efectos que la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía, tomada ésta en abstracto. Por el contrario, hemos apreciado que dichas tasas son contrarias al art. 24.1 CE porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles. Tal situaciónno puede predicarse de quienes han pagado la tasa logrando impetrar la potestad jurisdiccional que solicitaban, es decir, no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado»

 

b)

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 3 del art. 7 de la Ley

10/2012, que queda también definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico. El

precepto ha sido ya derogado (art. 11.3 del Real Decreto-ley 1/2015), por lo que la indicada declaración supone, simplemente, que no cabe atribuirle ultraactividad ni en el proceso judicial a quo ni en ningún otro. No obstante, también en este caso hay que precisar que no procede ordenar la devolución de las cantidades ya abonadas con base en este apartado, también en procesos «aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo»

 

 

 

 

CONCLUSIÓN

 

 

 

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE

LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,Ha decidido Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 905-2014 planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Torrelavega y, en consecuencia, declarar, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 6 de esta Sentencia, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «en el orden jurisdiccional civil... apelación: 800 €» del apartado 1 del art. 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, así como el apartado 3 del mismo artículo, en la redacción dada por el art. 1.8 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero.

 

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