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Los tribunales nos dan la razón. No comete un delito de impago de pensiones quien no paga la pensión porque no tiene dinero para ello.

28/03/2017

Una vez más nos vuelven a dar la razón con respecto al impago de pensiones cuando quien está obligado a pagarla está atravesando una situación económica que le impide cumplir. En este caso, a nuestro representado estaba siendo acusado por el impago de la pensión durante el período que va desde el año 2.012 a 2.014, período durante el cual el mismo había realizado sólo algunos trabajos temporales, de manera que sus ingresos habían sido mínimos.

 

El delito de impago de pensiones está encuadrado en el artículo 227 del Código Penal, cuya redacción dispone lo siguiente:

 

“ Artículo 227

 

1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

 

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.

 

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.”

 

 

 

En este caso el Juzgado de lo Penal Nº7 de Málaga, absuelve a nuestro representado en base al siguiente razonamiento:

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

 

 

PRIMERO.-Como señala la sentencia STS de 13.02.2001, el delito del artículo 227.1º del Código Penal se configura como un delito de omisión que exige como elementos esenciales:

 

 

A) La existencia de una resolución judicial dictada en proceso de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, que establezca la obligación de abonar una prestación económica en favor del cónyuge o de sus hijos.

 

B) La conducta omisiva consistente en el impago reiterado de esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.

 

C) El conocimiento de la obligación de pagar y de la voluntariedad en el impago; voluntariedad que resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida. En tal sentido esta Sala ya declaró en Sentencia de 28 de julio de 1999 que el precepto penal aplicado ha sido doctrinalmente criticado desde diversas perspectivas. La más relevante, porque podría determinar su inconstitucionalidad, es la de que supusiese una forma encubierta de «prisión por deudas». Ahora bien la prisión por deudas se encuentra expresamente prohibida por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, que dispone que nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual, precepto que se integra en nuestro Ordenamiento Jurídico, conforme a lo dispuesto en los artículos 10.2º y 96.1º de la Constitución Española. Esta norma obliga a excluir de la sanción penal aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento (no poder cumplir), solución a la que ha de llegarse igualmente desde la perspectiva de la cláusula general de salvaguardia propia de los comportamientos omisivos, conforme a la cual el delito únicamente se comete cuando se omite la conducta debida pudiendo hacerla. Lo anteriormente expuesto ha de completarse en un doble sentido:

 

1)En los casos de cumplimiento parcial del débito económico debe rechazarse cualquier formal automatismo que convierta en acción típica todo lo que no sea un íntegro y total cumplimiento de la prestación económica.

 

Es decir, que los incumplimientos parciales en ocasiones constituirán delito y en otras no, debiendo ser estudiado el caso en concreto.

 

2) En segundo lugar, de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. Ahora bien: esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida.

 

En el presente caso, si bien reconoce el acusado la existencia de impagos, mantiene que ello fue debido, no a su intención de desatender e incumplir su obligación de alimentos, sino a circunstancias coyunturales que le impidieron durante un tiempo, atender a su cumplimiento al carecer de recursos económicos.

 

No se advierte, a la vista de las manifestaciones vertidas con ocasión del acto de juicio oral así como atendidos los documentos que se incorporaron a autos, una deliberada voluntad del acusado rebelde al cumplimiento de la obligación de alimentos establecida en resolución judicial, procediendo por tanto la libre absolución.

 

 

Razonamientos todos estos que han dado lugar a la ABSOLUCIÓN de nuestro representado, en base a la imposibilidad de hacer frente al pago debido a sus circunstancias.

 

No obstante lo anterior, nuestro consejo es que se anticipen a la denuncia y barajen la posibilidad de solicitar una modificación de medidas para variar la pensión a la que estén obligados, consiguiendo así su reducción.

 

Complacidos de compartir nuestro éxito ante los tribunales una vez más, desde el Despacho de MARTÍN ORTEGA, nos ponemos, como siempre, a su plena disposición para ayudarles con cualquier duda que pudiera surgirles al respecto del impago de pensiones o posibles modificaciones de esta obligación, con el objetivo de ofrecerles el mejor asesoramiento jurídico y la solución más ajustada a sus intereses.

 

 

 

 

 

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